Los aranceles y la urgente necesidad empresarial de involucrarse en asuntos públicos

La política de aranceles impulsada por Donald Trump representa un cambio drástico en el comercio global y en las relaciones económicas internacionales. Estos aranceles no son simples herramientas de negociación comercial; son instrumentos de presión geopolítica y de redefinición del papel de Estados Unidos en el orden económico mundial.

Trump ha propuesto imponer aranceles universales, incluso a aliados tradicionales. Esto supondría un retorno al proteccionismo que podría desatar guerras comerciales a gran escala, encareciendo productos para consumidores, debilitando cadenas de suministro y empujando a países a buscar alternativas más estables, como China o la Unión Europea. Donald Trump debería rectificar su postura y buscar un acuerdo mundial sobre los aranceles porque las imposiciones unilaterales generan tensiones innecesarias, distorsionan los mercados globales y provocan guerras comerciales que afectan tanto a consumidores como a productores. En lugar de fomentar el aislamiento económico, una estrategia cooperativa basada en el diálogo y el consenso fortalecería las relaciones internacionales, garantizaría condiciones de competencia más justas y promovería la estabilidad económica global. Solo a través del multilateralismo se pueden construir reglas equilibradas que beneficien a todas las naciones, incluida Estados Unidos.

Pero más allá del impacto económico, esta política pone de relieve un punto clave: la creciente intersección entre política pública y estrategia empresarial. Las compañías ya no pueden permitirse el lujo de operar como actores neutrales en un mundo tan politizado. La regulación, el comercio, la sostenibilidad, la fiscalidad o la ciberseguridad están profundamente influenciados por decisiones gubernamentales. Las empresas deben empezar a considerar los asuntos públicos no como una amenaza, sino como una dimensión estratégica esencial.

La inversión en asuntos públicos —ya sea a través de colaboración con think tanks, alianzas institucionales, consultorías de asuntos públicos o presencia en foros internacionales— es hoy una obligación. No basta con adaptarse a los cambios del entorno; hay que participar en su diseño y anticiparse. Las empresas tienen los recursos, el conocimiento y la responsabilidad de contribuir a políticas más justas, sostenibles y eficaces. Su voz puede —y debe— ayudar a equilibrar el populismo con la racionalidad económica.

Además, existe una oportunidad única para el sector privado de influir positivamente en el rumbo de los acontecimientos. En un contexto donde los gobiernos muchas veces actúan en función de intereses electorales inmediatos, las empresas pueden aportar visión de largo plazo, estabilidad y experiencia técnica. Esa contribución no solo protegerá sus intereses, sino que también beneficiará a la sociedad en su conjunto.

Las compañías que ignoren esta dimensión corren el riesgo de quedar rezagadas, tanto en competitividad como en legitimidad. Porque en el nuevo tablero global, el silencio empresarial también es una forma de posicionamiento. La pregunta ya no es si deben involucrarse, sino cómo hacerlo de forma ética, proactiva y con impacto.

En un mundo en transformación, los aranceles de Trump son solo una señal de alerta. La verdadera pregunta es: ¿responderán las empresas con pasividad o con liderazgo? Porque ignorar la política ya no es una opción. Invertir en asuntos públicos es, en definitiva, invertir en el futuro. Y ese futuro —ahora más que nunca— se escribe en conjunto.